HRW denuncia graves abusos de grupos armados contra civiles en Colombia por control del Catatumbo

Los grupos armados colombianos ELN y Frente 33 han asesinado, secuestrado y desaparecido a civiles en su enfrentamiento por el control del Catatumbo, zona fronteriza con Venezuela, y se han reportado 78 personas, entre ellas cuatro niños, asesinadas, solo entre el 16 de enero y el 8 de marzo, según un informe de HRW divulgado este miércoles.

Human Rights Watch (HRW) indicó que el número de muertos fue suministrado por las autoridades de Norte de Santander, y esa cifra es más de cuatro veces superior al promedio mensual de asesinatos en 2024.

“También es probable que la cifra real sea aún mayor, pues los grupos armados ‘desaparecieron’ a algunas personas, y los familiares de otros enterraron sus cadáveres sin notificar a las autoridades”, señaló en el reporte titulado “Colombia: Grupos armados azotan región fronteriza”.

La guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN) en enero pasado lanzó una incursión violenta en el Catatumbo por el control del Catatumbo, en el Norte del Santander, Colombia, con el Frente 33, un grupo armado que surgió después de la desmovilización de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 2017.

La organización internacional dijo que recibió denuncias creíbles de múltiples asesinatos de civiles en el Catatumbo cometidos por el ELN y el Frente 33. En la mayoría de los casos, los grupos armados buscaron a las víctimas en su casa o lugar de trabajo.

En varias ocasiones, los combatientes mataron a las personas en las carreteras y prohibieron a sus familias y a otros ciudadanos retirar sus cuerpos.

Una mujer contó a HRW que el 16 de enero a las 7:30 a.m., un grupo de miembros del ELN llegó a la casa de su sobrino, un conductor, en una vereda en Teorama.

“Tocaron muy fuerte a la puerta. Él estaba dormido, alcanzó a ponerse unos jeans y una camiseta antes de que entraran y dispararan a su esposa en la pierna. Mientras les suplicaba que no la dejaran morir, lo arrastraron afuera y lo mataron delante de la casa. Su cuerpo estuvo allí tendido para que todo el mundo lo viera hasta las 6 p.m., cuando alguien lo cubrió con una sábana”, nos dijo la mujer.

HRW obtuvo y geolocalizó un video en el que se ve a cinco hombres vestidos de civil en una carretera sin asfaltar. Cuatro de ellos portan sus pistolas de manera visible. Un quinto hombre habla por teléfono o radio. Dos de los hombres que tienen sus pistolas desenfundadas se acercan a un edificio.

“En el video también se ve una camioneta que, según la mujer, pertenece a su sobrino. Ella nos dijo que el video fue grabado segundos antes de que los hombres llegaran a la casa de él. Al fondo, el último hombre visible camina alrededor de un cuerpo tendido en la calle, a unos 20 metros de donde se grabó el video”, detalló.

Fotografías y videos publicados en Facebook el 16 de enero alrededor de las 11 a.m., muestran el cadáver de un hombre joven con jeans y camiseta negra, desde un ángulo diferente, agregó.

Desplazamiento y reclutamiento de menores

Los combates y los abusos en la frontera desencadenaron lo que la Defensoría del Pueblo describió como el mayor incidente de desplazamiento forzado desde que las autoridades comenzaron a registrar estos casos en 1997, según el informe.

Más de 56,500 personas, es decir, más del 14% de la población de la región, han sido desplazadas forzosamente, según las autoridades de Norte de Santander.

Esta cifra supera a la de personas que fueron desplazadas forzosamente debido a la violencia en toda Colombia durante 2024, según las estimaciones de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA).

En el Catatumbo vive solo el 0.7% de la población colombiana, pero el número de desplazados representa el 93% de todos los desplazamientos forzados en lo que va de 2025.

“Nuestra investigación apunta a que el ELN está cometiendo abusos generalizados contra la población civil en su intento por recuperar el control del Catatumbo”, señaló Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de HRW.

Agregó que las víctimas que entrevistaron también detallaron graves abusos cometidos por el Frente 33, incluyendo reclutamiento de niños y trabajos forzados, y una grave desprotección por parte de las autoridades estatales.

HRW también afirmó que los grupos armados llevan años reclutando niños en el Catatumbo. En noviembre de 2024, la Defensoría del Pueblo reportó que el reclutamiento de menores en el Catatumbo “iba en aumento”, en lo que describió como parte de una “estrategia de fortalecimiento [del grupo] y expansión territorial”.

Varias personas nos dijeron que se desplazaron por miedo a que el ELN o el Frente 33 reclutaran a sus hijos adolescentes. S

“Nos fuimos porque tenía mucho miedo de que se los llevaran. Soy la única mujer en una familia de hombres jóvenes y fuertes, en cualquier momento se los llevarían”, dijo una mujer desplazada del municipio de El Tarra.

Entre el 1 de enero y el 19 de febrero, las autoridades colombianas recuperaron a 44 menores, la mayoría en poder del Frente 33. Probablemente se trate de una fracción del número total de niños en manos de los grupos armados, dijo la organización.

Según el ICBF, entre los menores recuperados hay niños nacidos en varias partes de Colombia, así como al menos cuatro nacidos en Venezuela.

Tras el inicio de los enfrentamientos entre los grupos armados, más de 46,900 niños de los municipios del Catatumbo no pudieron asistir al colegio durante semanas, lo que los expuso a un mayor riesgo de reclutamiento.

“El gobierno debe poner en marcha de manera urgente una política de justicia y seguridad para proteger a la población y restablecer el Estado de derecho en el Catatumbo”, dijo Goebertus. “También debe asegurarse de que su programa de sustitución de cultivos ayude a los campesinos a integrarse en economías legales y no cree incentivos perversos que conduzcan a más violencia en el futuro”.

El Catatumbo es un lugar estratégico para la producción y el tráfico de drogas.

“Durante años, el ELN se ha beneficiado de la complicidad de las fuerzas de seguridad venezolanas”, aseguró HRW en el informe.

El ELN y el Frente 33 habían compartido el control territorial de grandes partes del Catatumbo desde 2018, en lo que expertos y funcionarios del gobierno describieron como un “acuerdo de coexistencia armada”.

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