El rey Juan Carlos, forzado al exilio, ha abandonado España

Juan Carlos I se ha ido de España por la puerta de atrás. La presión política y social ante ante las continuas informaciones en el marco de las investigaciones que se están realizando sobre presuntas irregularidades del monarca en paraísos fiscales, ha sido la gota que ha colmado el vaso. El rey emérito ha comunicado a Felipe VI su "meditada decisión" de trasladarse a vivir fuera de España ante la repercusión pública de "ciertos acontecimientos pasados" de su vida privada. Así lo ha redactado el Palacio de la Zarzuela en un comunicado este lunes, en una decisión que ya se ha ejecutado. El Rey Emérito ya ha abandonado el país para, según medios portugueses, trasladarse a Estoril, mismo lugar donde vivió parte de su infancia y donde residieron sus padres durante buena parte de sus años de exilio.

El comunicado explica que don Juan Carlos ha enviado este lunes a su hijo una carta en la que le traslada esa decisión pero no se explica dónde vivirá a partir de ahora ni en qué momento se hará efectiva su salida del Palacio de La Zarzuela, donde ha residido los últimos 58 años.

"He sido rey de España durante casi cuarenta años y durante todos ellos siempre he querido lo mejor para España y para la Corona", asegura el anterior jefe del Estado.

Añade asimismo que pretende facilitar el ejercicio de las funciones de Felipe VI "desde la tranquilidad y el sosiego que requiere -subraya- tu alta responsabilidad".

"Mi legado y mi propia dignidad como persona así me lo exigen", añade don Juan Carlos en su carta. El comunicado de Zarzuela señala que el rey ha transmitido a su padre "su sentido respeto y agradecimiento ante su decisión".

"El rey -reza el texto- desea remarcar la importancia histórica que representa el reinado de su padre, como legado y obra política e institucional de servicio a España y a la democracia; y al mismo tiempo quiere reafirmar los principios y valores sobre los que ésta se asienta, en el marco de nuestra Constitución y del resto del ordenamiento jurídico".

El comunicado íntegro

"1. Su Majestad el Rey Don Juan Carlos ha dirigido a Su Majestad el Rey la siguiente carta:

'Majestad, querido Felipe:

Con el mismo afán de servicio a España que inspiró mi reinado y ante la repercusión pública que están generando ciertos acontecimientos pasados de mi vida privada, deseo manifestarte mi más absoluta disponibilidad para contribuir a facilitar el ejercicio de tus funciones, desde la tranquilidad y el sosiego que requiere tu alta responsabilidad. Mi legado, y mi propia dignidad como persona, así me lo exigen.

Hace un año te expresé mi voluntad y deseo de dejar de desarrollar actividades institucionales. Ahora, guiado por el convencimiento de prestar el mejor servicio a los españoles, a sus instituciones y a ti como Rey, te comunico mi meditada decisión de trasladarme, en estos momentos, fuera de España.

Una decisión que tomo con profundo sentimiento, pero con gran serenidad. He sido Rey de España durante casi cuarenta años y, durante todos ellos, siempre he querido lo mejor para España y para la Corona.

Con mi lealtad de siempre.

Con el cariño y afecto de siempre, tu padre”.

Un escándalo en continuo crecimiento

Juan Carlos I ha tomado la decisión mientras amenaza sobre él la posibilidad de ser imputado por un supuesto delito fiscal, mediante el cual supuestamente habría ocultado en el pasado una fortuna a la Hacienda española de hasta 100 millones de euros procedentes de Arabia Saudí y escondidos en una fundación panameña. La investigación, liderada por la fiscalía suiza, se une a la cercanía del juicio contra el comisario Villarejo, y a las presuntas amenazas del CNI sobre Corinna, antigua ‘amiga’ de Juan Carlos y recientemente imputada, quien habría recibido continuos millonarios del propio Juan Carlos en numerosas ocasiones. En resumidas cuentas, un cóctel imposible de manejar tanto para Felipe VI como para el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presionado a su vez por Podemos para dejarle caer.

La situación de Juan Carlos I está tan al límite que podría en estos momentos estar evitando una posible acusación de la Fiscalía del Tribunal Supremo mediante una regularización fiscal voluntaria, una fórmula que, según El Confidencial, barajan sus asesores para evitar la apertura de un procedimiento penal antes de que le sea notificada ninguna investigación.

Todas las informaciones relacionadas a estas irregularidades han ido viendo la luz durante las últimas semanas y provocando una creciente presión no solo pública, sino también política, para que Juan Carlos se vaya del país y no afecte ni ensucie la imagen de la Monarquía y de Felipe VI en España, ya dañada últimamente.

No en vano, Izquierda Unida (IU) ha solicitado este mismo lunes al Tribunal Supremo que reabra la querella presentada contra el rey emérito y que se archivó el año pasado por el presunto cobro de comisiones por su intermediación en la adjudicación del AVE a La Meca, después de que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón haya reabierto la pieza del caso Villarejo sobre este asunto e imputado a la empresaria Corinna Larssen.

IU hace referencia a la investigación abierta por la Fiscalía del Tribunal Supremo para aclarar el reparto de 80 millones de euros en comisiones que, según Corinna Larssen, se habrían repartido entre otros el rey emérito por la adjudicación del AVE a La Meca a empresas españolas en 2011.

También, a la decisión acordada la semana pasada por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García Castellón, de reabrir la pieza número 5, denominada ‘Carol’, de la macrocausa ‘Tándem’, para investigar si la ex amiga de Juan Carlos I contrató al comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo, por lo que le ha citado a declarar en calidad de investigados el próximo 8 de septiembre.

La querella presentada en 2018, y que ahora se pide reabrir, se dirigía contra don Juan Carlos y otras siete personas, entre ellos Corinna, Villarejo; el director general del CNI, Félix Sanz Roldán; y el empresario Juan Villalonga por un total de 13 delitos que incluían organización criminal, malversación o tráfico de influencias.

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