CORRECCIÓN: Opinión: Cuando te pagan 13 horas por un turno de 24

LA NEGLIGENCIA DE ESTADOS UNIDOS HACIA LOS ANCIANOS SE EXTIENDE A LAS PERSONAS QUE LOS CUIDAN EN SUS CASAS.

Incluso mientras reabren los estados, el COVID-19 sigue devastando a los más ancianos y a los que los cuidan. Este país tiene una larga tradición de ignorar a las personas mayores enfermas, y esa negligencia se extiende a los trabajadores que los ayudan a alimentarse, vestirse y a nutrir sus mentes y almas.

Los auxiliares de salud domiciliaria y los asistentes certificados de enfermería que trabajan en centros de cuidados prolongados y en residencias privadas normalmente no ganan más del salario mínimo y reciben muy pocos beneficios, si es que los reciben. Sus sueldos son extraídos de los fondos públicos de Medicaid, a través de un laberíntico arreglo de subvenciones globales que varían por estado, aseguradoras de salud y contratistas privados. Medicare, a pesar de su asociación con las personas mayores, no cubre cuidados prolongados.

Estos trabajadores de primera línea, en su mayoría mujeres negras e inmigrantes, se han convertido en víctimas y transmisores de la pandemia. Más de 54.000 estadounidenses que vivían o trabajaban en el sector de cuidados prolongados han fallecido por el coronavirus. Representan el 40 por ciento de todas las muertes por COVID-19, y un número desproporcionado de esas muertes han ocurrido en instalaciones donde mayormente se atiende a pacientes que no son blancos.

Estas cifras ya deberían escandalizar, pero podrían ser un recuento insuficiente. Si bien las concentraciones de muertes en los geriátricos han sido noticia por todo el país, desde Hawái hasta Illinois y Luisiana, no existe un conteo paralelo en las residencias privadas, donde más de 2,3 millones de trabajadores asisten a personas mayores y con discapacidades.

Actualmente, Nueva York ha impuesto como obligatorio que el “personal” de los asilos de ancianos y las instituciones de vivienda asistida sea sometido a pruebas de diagnóstico semanales. Sin embargo, esta regla no es aplicable en el caso de los auxiliares de agencias que están allí de manera temporal o de aquellos que trabajan en apartamentos o casas particulares. Al igual que gran parte del trabajo doméstico, esta prestación íntima de cuidados está invisibilizada.

Los auxiliares de salud domiciliaria y los asistentes de enfermería que he entrevistado desde mayo, en su mayoría en Nueva York, revelan historias aterradoras. Cuando contacté a Paula, una auxiliar de salud domiciliaria que trabaja turnos de 12 horas para un paciente en Manhattan, acababa de tomar el metro de vuelta a su apartamento en el Bronx. “El transporte está atestado; es preocupante”, me dijo.

Su cliente había dado positivo por coronavirus. Sin embargo, la agencia que le dio el empleo, por el que le paga el salario mínimo de 15 dólares, no le ofreció orientación ni una compensación adicional, mucho menos servicio de taxi, según me comentó. La agencia le proporcionó una bata, unos cuantos cubrebocas y guantes, así como unas instrucciones vagas sobre su reutilización.

“Llego a casa, me quito toda la ropa y me desinfecto”, me contó. “Arriesgamos nuestra salud, a nuestras familias y no hay ningún tipo de protección”. (Paula y las otras mujeres entrevistadas para esta historia solicitaron que no se dieran a conocer sus apellidos, para protegerse de una posible represalia de parte de sus empleadores).

Yolanda, una trabajadora en Queens, me contó que vio morir de COVID-19 a un cliente querido, y luego se enfermó ella. Con solo unas pocas horas de licencia remunerada, terminó perdiendo seis semanas de ingresos. Luego fue asignada a turnos de 24 horas para un nuevo paciente, pero solo le pagaron 13 horas por día. La ley en el estado de Nueva York obliga a su empleador a compensarle solo la mitad de su tiempo, incluso si su paciente necesita cuidados constantes, bajo la absurda premisa de que podrá dormir y comer en las horas restantes.

Sonya, una trabajadora en Long Island, me dijo que desde el inicio de la pandemia su agencia la puso a proporcionarle cuidados adicionales a un paciente en un geriátrico. Debido a la prohibición de visitas, ella era el único nexo entre el hombre y sus familiares. Pero debido a que no está empleada directamente por ese geriátrico, no fue incluida en la orden del gobernador Andrew Cuomo de ser sometida a pruebas semanales. Como auxiliar de agencia, pasó inadvertida por los reguladores.

Otros asistentes que entrevisté estaban trabajando en varias residencias particulares de pacientes. Los cuidadores directos reciben un salario tan malo que con regularidad tienen que aceptar cualquier turno que les ofrezcan, yendo y viniendo entre residencias privadas, centros de residencia asistida y geriátricos. “Se están arriesgando mucho, trasladándose de un trabajo a otro y poniendo en riesgo también a los adultos mayores”, me dijo Amy York, directora ejecutiva de la Alianza de Profesionales del Cuidado de Ancianos.

Incluso antes de que el coronavirus llegara a Estados Unidos, los riesgos para las personas mayores eran evidentes. Al igual que en Corea del Sur, los primeros grupos de infectados aquí estuvieron vinculados con los cuidados prolongados. De casualidad estaba haciendo un reportaje en el estado de Washington a principios de marzo cuando el virus fue detectado en un centro en Kirkland. Cuando entrevisté a las autoridades del lugar, no supieron contestar mis preguntas sobre qué se debía hacer con el personal de cuidados.

Para contener la propagación del virus, ¿no necesitaban los trabajadores tener remuneración extra por el peligro, equipos de protección adicionales, transporte privado y alojamiento temporal? Nadie parecía tener una respuesta, y los asistentes continuaron su trabajo con temor.

Sus empleadores, pese a afirmar que estaban haciendo su mejor esfuerzo, en realidad estaban movilizando cabilderos para protegerse de procedimientos judiciales: la industria de los asilos de ancianos ha intentado limitar sus responsabilidades en más de 20 estados y está presionando al Congreso para obtener un fondo de ayuda nacional.

Por otro lado, los empleados de cuidados prolongados enfrentan la criminalización por simplemente cumplir con su trabajo. En mayo, una auxiliar de salud domiciliaria fue arrestada en Camden, Nueva Jersey, y acusada de múltiples cargos por “atentar contra el bienestar de otra persona”. El estado alega que, a mediados de abril, la trabajadora se aplicó la prueba de diagnóstico del coronavirus e ignoró las instrucciones de cumplir la cuarentena. Al día siguiente, se presentó a su trabajo como siempre. Su paciente luego cayó enfermó y falleció, y otros cuatro miembros de la familia también se enfermaron. La prueba de la trabajadora resultó positiva, aunque no queda claro si ella le transmitió el virus al paciente o viceversa.

En una audiencia, la trabajadora le dijo al juez que no sabía que era positiva por coronavirus cuando fue a trabajar. Teri Lodge, su abogada, me dijo que su cliente estaba consternada por la muerte de su paciente. Ni la Oficina del Fiscal General de Nueva Jersey ni el fiscal del condado de Camden quisieron hablar conmigo sobre el caso, aun cuando han presumido el arresto como una victoria de la era del COVID-19. En realidad, la acusación de la trabajadora revela un sistema en crisis: un retroceso a la criminalización en vez de la reparación social.

Los cuidadores con salarios bajos no se están quedando de brazos cruzados. Yolanda, la asistente con la que conversé en Queens, se unió a la campaña liderada por trabajadores “Ain’t I a Woman” para exigirle al gobierno de Cuomo equipos de protección, aplicación periódica de pruebas, traslado seguro y compensaciones por todas las horas trabajadas en turnos de 24 horas. En estados donde los sindicatos de la asistencia domiciliaria son más fuertes, los trabajadores han entrado en negociaciones relacionadas específicamente con el coronavirus para mejorar los pagos y condiciones. Service Employees International Union, en su local 775, en el estado de Washington, ganó un aumento temporal de salario de 3 dólares por hora, seguro médico ampliado y un estipendio para equipo. Sindicatos en Massachusetts, Pensilvania, Illinois y Oregon han negociado disposiciones similares.

La organización de los trabajadores continuará mejorando la industria de la atención domiciliaria, pero es imposible que se logre un cambio radical sin un presupuesto adecuado de Medicaid. Un quinto de la población de Estados Unidos alcanzará la edad de jubilación durante la próxima década, lo que superará por mucho la capacidad de nuestra infraestructura de cuidados prolongados.

El COVID-19 ha demostrado que Estados Unidos debe reorganizar su concepción de la medicina. Debe reconocer que aquellos que atienden a los adultos mayores y a las personas con discapacidades son tan indispensables como los enfermeros y los médicos. Esa mezcolanza que llamamos sistema no es solo insuficiente, sino que está demostrando ser letal tanto para trabajadores como para pacientes.

This article originally appeared in The New York Times.

© 2020 The New York Times Company