Opinión: Resulta que Donald Trump no puede dejar a Zuckerberg ni a Dorsey

SU MANIOBRA MÁS RECIENTE DEMUESTRA LO MAL QUE SIGUE ENTENDIENDO EL DISCURSO Y LAS PLATAFORMAS.

De verdad, no puede.

Puede que este sea un intento de entender la maniobra de una demanda que el expresidente presentó ayer contra Facebook y Twitter, así como contra YouTube de Google, por haberlo echado de esas redes sociales tras el atentado del 6 de enero en el Capitolio.

Sin la más mínima intención de convertirse en siervos de la sedición y permitirle a Donald Trump seguir abusando de las reglas de sus poderosas plataformas, sus propietarios acabaron por tomar la decisión de deshacerse de él: Twitter de manera permanente; YouTube, por tiempo indefinido y Facebook durante dos años.

Desde entonces, Trump ha estado buscando un sustituto: primero a través de un blog muy malo que no convenció y luego a través de rumores de que estaba construyendo su propia red social. Como eso resultó ser complicado, su estratagema más reciente —y sin duda es una estratagema— es presentar una demanda colectiva de la cual él es el demandante principal, en la que alega que las empresas violan los derechos que le otorga la Primera Enmienda.

Por favor.

No hay duda de que la capacidad de Trump para comunicarse como le gusta —de manera estridente y sin restricciones— se ha visto impedida por el exilio, incluso si sus mentiras más perniciosas sobre el fraude electoral han logrado colarse, como el moho de la desinformación, en una gran parte del ámbito político. Y hasta cierto punto me parece que lo que sucede es que se ha vuelto adicto, como muchos de nosotros, a montar en cólera en cualquier momento, de día o de noche, con cualquier mensaje que aparezca en su mente maniaca.

Sin embargo, resulta evidente que la demanda es un intento de recaudar fondos —los mensajes de texto que pedían donaciones empezaron a enviarse tan pronto como inició la conferencia de prensa de Trump— y de subirle el volumen a la inconformidad de su base de seguidores, que han llegado a creer que las plataformas de redes sociales son nuestras nuevas plazas públicas.

Por desgracia para la causa judicial de Trump, no lo son. Solo las plazas públicas son plazas públicas. Les guste o no, las empresas privadas pueden hacer lo que quieran cuando se trata de establecer normas y expulsar a los infractores incorregibles.

Lo mismo sucede, por supuesto, con Trump, que parece tener un problema de comprensión a la hora de leer nuestra constitución. La Primera Enmienda dice: “El Congreso no promulgará ninguna ley que coarte la libertad de expresión o de prensa”. El Congreso, no Facebook. El Congreso, no Twitter. El Congreso, no YouTube.

De hecho, si un gobierno obligara a estas plataformas a dar acceso a personas que no quieren aceptar sería una violación de sus derechos conforme a la Primera Enmienda. Pero no es así según Trump, cuyo alegato más absurdo en la demanda se dirige a Facebook: el exmandatario argumenta que la “condición [de la red social] está por encima de una empresa privada y equivale a un actor gubernamental”.

Estas empresas son actores gubernamentales en la medida en que Mar-a-Lago lo sea, lo cual significaría, conforme a este análisis jurídico, que yo tengo derecho a ser miembro del club incluso si Trump no quiere que esté ahí para disfrutar de las noches de miércoles de mariscos de seis estrellas en la terraza. Y a eso, yo digo: ¡Denme “langostas de un kilo, pescado fresco a la parrilla y cortes finos, ensaladas y una barra de postres, mientras un saxofonista toca bajo las estrellas” o denme la muerte (por la indigestión)!

Como era de esperarse, la mayoría de los juristas que reaccionaron al caso observaron que intentos similares para convertir a los gigantes tecnológicos en entidades gubernamentales han fracasado estrepitosamente y concluyeron que este es un intento frívolo de llamar la atención.

A pesar de ello, no es necesariamente una estupidez atestar golpes contra las grandes empresas tecnológicas, cosa que Trump y muchos otros en la política ya han hecho en el pasado. El gobernador de Florida y posible candidato presidencial en 2024, Ron DeSantis, promulgó en mayo la Ley para detener la censura en las redes sociales, también para llamar la atención, que buscaba prohibir que ciertos sitios de redes sociales expulsaran a candidatos políticos. Un juez federal bloqueó esta ley por varios motivos.

Ambos arrebatos jurídicos están tratando de aprovecharse de la noción de que simple y llanamente no podemos vivir sin la tecnología y tenemos derecho a estar en las redes sociales debido a la ubicuidad de la tecnología en el trabajo, la política, el entretenimiento, las comunicaciones y el comercio. Sin duda, esto ha sido más cierto que nunca durante la pandemia de COVID-19, cuando los servicios digitales se convirtieron en una necesidad para casi todo el mundo.

Pero los sentimientos no equivalen a hechos. Y la cuestión de fondo es la concentración de poder que tanto los demócratas como los republicanos le han permitido acumular a la industria de la tecnología. Su prolongada inacción ha dejado a los consumidores, incluido Trump, con muy pocas alternativas en diversas áreas.

Quizá una mejor ruta de ataque para él y otros que se quejan de que nuestros grandes hermanos digitales los han vuelto irrelevantes sea aprobar la amplia variedad de leyes bipartidistas que se están gestando poco a poco en el Congreso para abordar una extensa serie de cuestiones como el poder de los monopolios y la falta de recursos para los reguladores que tienen que supervisar a las corporaciones poderosas.

Por supuesto, Trump, quien siempre toma atajos y suele hacer trampa en la ejecución, ha optado por crear un circo que resulta una pérdida de tiempo en lo que respecta a tratar de frenar el poder de la tecnología, lo cual es su modus operandi. Lo hizo cuando se trató de investigar el posible peligro de la propiedad china de TikTok, lo hizo cuando se trató de las actualizaciones necesarias de las capacidades de la nube del Departamento de Defensa, lo hizo cuando se trató de poner en marcha las ciberdefensas y lo hizo cuando se trató de las reformas necesarias del artículo 230, que da a las plataformas digitales de tecnología una laxa inmunidad frente a las acciones jurídicas, así como la capacidad de moderar el contenido y castigar a los malos actores.

Esto es lo que está sucediendo en realidad: Trump se ha portado mal durante años y ahora está tratando de evitar pagar por ello, como siempre.

“Nuestra causa probará que esta censura es ilegal, inconstitucional y totalmente antiestadounidense”, declaró. “Si me lo pueden hacer a mí, se lo pueden hacer a cualquiera”.

Sí pueden, señor Trump, y usted también puede quedarse con su langosta.

Este artículo apareció originalmente en The New York Times.

© 2021 The New York Times Company