Venezuela en sus horas más oscuras: Maduro convierte una elección en una partida de Solitario para asaltar todo el poder

“¡Asumo el reto, lo asumo con valentía, no le tengo miedo a este reto!”, bramó Nicolás Maduro en un acto de campaña la noche del martes primero de diciembre. El “reto” en cuestión son los comicios parlamentarios del domingo 6 de diciembre, a los que el gobernante de Venezuela concurrirá luego de imponer un organismo electoral a su medida, modificar las normas de la votación, intervenir judicialmente a los partidos de la oposición, inhabilitar a sus adversarios y bloquear la observación internacional.

El Parlamento de mayoría opositora denunció que el proceso electoral es un “fraude”, al tiempo que Estados Unidos, la Unión Europea (UE) y la Organización de Estados Americanos (OEA) han adelantado que no reconocerán sus resultados por la falta de transparencia y garantías. Pasando por encima de la condena interna y externa, Maduro avanza como un buldócer para derribar a la Cámara que le ha sido hostil desde 2016 y poner en su lugar un Poder Legislativo sumiso y complaciente.

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En estas condiciones, las elecciones parlamentarias no servirían para solucionar la crisis política que azota a la República Bolivariana. Sin embargo, el politólogo Luis Salamanca advierte que sí serían de mucha utilidad para el jefe del régimen socialista, en su afán de construir un “sistema neodictatorial” que liquide a la disidencia y sepulte a su principal enemigo.

La venganza

Salamanca apunta que “de forma ilegal, Maduro busca retomar el control del Parlamento y sacar del juego a Juan Guaidó”, líder de la Cámara, que desde enero de 2019 es reconocido como presidente encargado de Venezuela por unos 60 gobiernos encabezados por Washington, las potencias europeas y el grueso de la OEA.

Despojado de su investidura, Guaidó se convertiría en blanco fácil para el oficialismo. “Con nuestra mayoría que se impondrá de candidatos de la patria, vamos a solicitar que se apruebe una ley con carácter de urgencia para que se castigue con todo el peso de la justicia a los pillos que dirigieron la Asamblea Nacional en los últimos cinco años. ¡No van a pasar lisos!”, amenazó Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

Además de lanzar una razia contra sus detractores, Salamanca explica que Maduro “necesita el Parlamento para legislar sobre una serie de iniciativas en temas económicos y convenios internacionales con empresarios y gobiernos aliados, para desarrollar esa ‘economía de compinches’ que ya se ha venido implementando poco a poco”.

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Aunque debe soportar el cerco y las sanciones de Estados Unidos y la UE, el chavismo no está solo. Cuenta con el respaldo de Cuba, Nicaragua, Rusia, China, Irán y Turquía, y acaba de aprobar una controvertida “ley antibloqueo” que pretende abrir sectores de la economía venezolana hasta hace poco vedados a la inversión extranjera.

Con el Legislativo de su lado, Salamanca resalta que el oficialismo cimentará el “Estado comunal” para profundizar su proyecto socialista. “Tenemos que darle el poder real a las comunas y eso será a través de la Ley de las Ciudades Comunales. Ley para que las comunas asuman de una vez por todas el poder”, sentenció Jorge Rodríguez, coordinador del comando de campaña del PSUV.

Uno tras otro

“Venezuela no es una democracia”, subraya por si queda alguna duda Benigno Alarcón, director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello. No es una opinión personal. En el último índice de democracia de The Economist, la República Bolivariana ocupa el puesto 140 de un total de 167, muy cerca de Cuba como las naciones peor evaluadas en América y por debajo de casos emblemáticos como Zimbabue, Ruanda, Omán, Egipto, Irak y Rusia.

Alarcón comenta que “en la medida en que el gobierno de Maduro ha perdido apoyo político, se ha producido simultáneamente una pérdida de las condiciones electorales”. Luego de sufrir una derrota aparatosa en las parlamentarias de 2015, el chavismo ha convocado una serie de procesos que han sido cuestionados por la oposición y buena parte de la comunidad internacional.

La seguidilla comenzó en 2017 con la elección de la Asamblea Constituyente, órgano enteramente chavista que se instaló con el fin de eliminar al Parlamento opositor. El Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció en esa oportunidad que sufragaron más de 8 millones de venezolanos, pero la empresa Smartmatic, responsable del sistema automatizado, reveló posteriormente que “hubo manipulación del dato de participación” y aseveró: “la diferencia entre la cantidad anunciada y la que arroja el sistema es de al menos un millón de electores”.

Ese mismo año 2017 le sucedieron las regionales y municipales. En las primeras, la oposición impugnó los resultados y en las segundas no participó en señal de protesta. El punto de inflexión llegó en las presidenciales de mayo de 2018 que, al ser consideradas “fraudulentas”, abrieron paso al reconocimiento de Guaidó como mandatario interino.

Terreno de lucha

Para defender la pulcritud del proceso, el jefe del comando de campaña del PSUV enfatiza que este domingo competirán “107 partidos, 98 de ellos de oposición, y más de 14 mil candidatos”. Alarcón sostiene que esta jugada es típica de los “autoritarismos electorales”, que promueven un “clientelismo electoral” que incentiva la participación dentro de un esquema “que está diseñado para garantizar al gobierno la mayoría”.

El chavismo no solo anuló las tarjetas tradicionales de la oposición sino que amplió la Cámara de 167 a 277 curules, con la promesa de que todos pueden tener un pedazo de la torta. Asimismo, entregó a los grupos minoritarios dos de los cinco puestos de la directiva del CNE.

Salamanca observa que los partidos minoritarios que se identifican como opositores tratan de “pescar en río revuelto” buscando crecer. “Se les permite participar porque no representan un riesgo electoral para Maduro. Sirven de comparsa y el régimen les concede parcelas de poder”, resume el profesor de Derecho Constitucional.

Lejos de asomar la luz al final del túnel, la votación sumerge al país en sus horas más oscuras. “Este 2021 no pinta bien por varias razones. Tenemos una comunidad internacional agotada por el impacto del coronavirus, Venezuela puede dejar de estar entre las prioridades de la política exterior, y debe haber un cambio de estrategia con el nuevo gobierno de Estados Unidos. Igualmente, se espera un agravamiento de la emergencia humanitaria compleja que venimos arrastrando”, pronostica Alarcón, quien teme que se termine de anidar en la población un sentimiento de derrota y desesperanza que conduzca a la desmovilización ciudadana.

En respuesta a la elección parlamentaria, Guaidó organiza una consulta popular del 7 al 12 de diciembre que persigue aumentar la presión sobre Maduro y brindarle piso a su tesis de la “continuidad constitucional” del actual Parlamento, que plantea extender la vigencia de esta Cámara de mayoría opositora hasta que se celebren comicios realmente libres.

Salamanca opina que la oposición se equivoca. “Guaidó no tiene la fuerza para imponer esa tesis”, asevera. Considera que pese a todas las irregularidades, la oposición ha debido participar en la votación con el objetivo de “aumentar el conflicto, tratar de ganar y no caer en este terreno pasivo, omisivo”, que incluso pondría en peligro su legitimidad y apoyo internacional.

Todo esto teniendo claro, acota el doctor en Ciencias Políticas, que lo que ocurrirá el 6 de diciembre “no es una elección democrática, pero sí es el terreno donde se dará la lucha por el poder político en Venezuela”.

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