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Juez determina mantener a Emilio Lozoya en prisión preventiva por riesgo de fuga

Emilio Lozoya permanecerá en la cárcel, luego de que el juez confirmara la prisión preventiva justificada, medida que se le impuso el pasado 3 de noviembre luego de usar por casi dos años un brazalete electrónico que le impedía salir del país gracias a la figura de “colaborador”.

Lozoya había gozado de un trato “preferencial” por parte de la Fiscalía desde de que llegó extraditado de España en julio de 2020, aunque en todos esos meses no aportó más que testimonios sin pruebas sobre los supuestos sobornos que se entregaron a diferentes legisladores para la aprobación de la Reforma Energética de Peña Nieto. Sin embargo, en octubre la periodista Lourdes Mendoza publicó fotografías del acusado comiendo en un exclusivo restaurante, acompañado de ejecutivos de Altos Hornos de México.

El escándalo fue tal, que las autoridades se vieron obligadas a solicitar el encarcelamiento de su “testigo”. Los argumentos de la defensa fueron desestimados y el juez ordenó la prisión preventiva como medida cautelar.

El 22 de enero se notificó que los abogados de Lozoya ganaron una apelación contra la prisión preventiva que se le impuso como medida cautelar por el caso Odebrecht y se debía repetir la audiencia, pues no estaba bien fundamentada. Tenía posibilidades de volver a estar en libertad y así seguir su proceso judicial.

Sin embargo, la tarde del 26 de enero, el juez Artemio Zúñiga confirmó la medida al considerar que el acusado tiene los medios, recursos y contactos para darse a la fuga, toda vez que su esposa radica en Alemania y él tiene una cuenta en Europa con alrededor de 2 millones de euros.

El exdirector de Pemex se encuentra acusado de recibir más de diez millones de dólares en sobornos de Odebrecht durante la campaña del entonces candidato a la presidencia Enrique Peña Nieto. Además, Lozoya también enfrenta cargos por la compra de la planta de fertilizantes de Agronitrogenados que, aunque se encontraba inservible, tuvo un sobreprecio de 500 millones de dólares.

Por este último caso, un juez ordenó liberar al detenido el sábado y, a pesar de que la UIF (Unidad de Inteligencia Financiera) presentó un amparo para evitarlo, fue desechado y permaneció la resolución del juez; pero el proceso por los sobornos deberá enfrentarlo en prisión.