'¿Por qué no tenemos electricidad?': los apagones afectan a Puerto Rico

Se suponía que la transferencia de la red eléctrica a una empresa privada ayudaría a mejorar el suministro eléctrico. Pero miles de personas protestaron la semana pasada debido a más cortes de energía.

AGUADILLA, Puerto Rico — Cuatro años después de que el huracán María dejara la red eléctrica de Puerto Rico en ruinas, y toda la isla en la oscuridad, los residentes esperaban que su frágil sistema eléctrico fuera más fuerte. En cambio, el suministro de energía poco confiable sigue siendo muy común, lo que obstaculiza el desarrollo económico y la vida cotidiana.

En junio, un consorcio privado llamado LUMA Energy se hizo cargo de la transmisión y distribución de electricidad. Sin embargo, la situación solo ha empeorado. El aumento de la demanda en agosto y septiembre provocó apagones continuos que afectaron a la mayoría de los 1,5 millones de clientes eléctricos de la isla.

La semana pasada, miles de personas marcharon a lo largo de una carretera principal en San Juan, la capital, bloqueando el tráfico en la última de una serie de protestas por los interminables problemas de electricidad que afectan a la isla.

“El pueblo no aguanta más”, dijo Iris Delia Matos Rivera, de 69 años, una exempleada de la antigua empresa eléctrica de la isla que asistió a una manifestación reciente.

Muchos puertorriqueños son diabéticos y necesitan insulina refrigerada para sobrevivir. La pandemia de coronavirus también puso a algunas personas en terapias respiratorias que requieren energía eléctrica en casa para las máquinas de oxígeno. Algunos puertorriqueños siguen estudiando o trabajando en casa.

Ashlee Vega, quien vive en el noroeste de Puerto Rico, dijo que las fluctuaciones de energía este mes eran tan imperceptibles que le llevó una o dos horas darse cuenta de que sus electrodomésticos no funcionaban bien. El refrigerador nuevo que compró en febrero —para remplazar uno viejo que había dejado de funcionar tras soportar años de volátiles sobrecargas eléctricas— se dañó.

Su madre le prestó una hielera grande. Ahí metió la leche y los huevos, el jamón y el queso. Las verduras se echaron a perder. Dos veces al día durante los siguientes cinco días, hasta que un técnico consiguió que el refrigerador funcionara, fue de prisa a las gasolineras a conseguir hielo. Al principio no había mucho porque una serie de cortes de electricidad también hizo que sus vecinos estuviesen en apuros.

“No puedo dejar que eso pase de nuevo”, dijo Vega, de 31 años, una veterana del ejército que el año pasado regresó a su ciudad natal Aguadilla, desde Colorado, acompañada de Sebastián, su hijo de 7 años. “Eso no es algo que deba pasar. Estamos en el 2021. Tenemos internet en nuestro televisor. ¿Por qué no tenemos electricidad?”.

Detrás de las fallas están los mismos problemas que durante décadas han aquejado a la red de Puerto Rico: el envejecimiento de los equipos, la falta de mantenimiento y un pasado de mala gestión y corrupción de un sistema ineficiente.

La empresa de servicios públicos en quiebra, que todavía está a cargo de la generación de energía, declaró una emergencia este mes para tratar de acelerar las reparaciones críticas de sus plantas en ruinas. Las tarifas de electricidad, que son más altas en Puerto Rico que en casi todos los 50 estados estadounidenses, han seguido aumentando, incluso cuando el servicio se ha deteriorado.

La privatización de la transmisión y la distribución —la parte del sistema eléctrico que fue más afectada por el huracán María— generó nuevos desafíos como la desconfianza del público y la jubilación o redistribución de trabajadores de línea experimentados que sabían cómo manejar la anticuada infraestructura de la isla.

El sistema es tan frágil que recientemente una central eléctrica quedó fuera de servicio porque el sargazo —las algas marinas— bloqueó sus filtros.

La incapacidad de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (AEE), conocida también como PREPA, por su sigla en inglés, y de LUMA Energy, un consorcio privado canadiense-estadounidense, para suministrar energía de forma consistente ha provocado semanas de acusaciones, audiencias legislativas tensas y crecientes protestas de los mismos residentes hartos que hace dos años destituyeron al gobernador cuando tomaron las calles.

“¡Ese contrato de LUMA hay que echarlo a la basura!”, gritaban el viernes.

Las cuadrillas repararon la red de Puerto Rico con arreglos de emergencia con valor de 3200 millones de dólares tras el huracán María, una tormenta de categoría 4 que destrozó las líneas eléctricas de la isla en septiembre de 2017. El Congreso destinó unos 10.000 millones de dólares a través de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, FEMA, para reconstruir el sistema. Esos proyectos serán asignados por el nuevo consorcio a los contratistas, con el objetivo de restaurar la red a como estaba antes de la tormenta, con alguna modernización.

Ese enfoque, aunque es coherente con la forma en que el gobierno federal se ocupa de los desastres, es miope e insostenible, dijo Agustín A. Irizarry, un profesor de ingeniería eléctrica de la Universidad de Puerto Rico que ha promovido un plan para distribuir energía solar a través de paneles en techos residenciales y comerciales y baterías de almacenamiento.

“La gente lo está haciendo por su cuenta, sin ninguna intervención del gobierno”, dijo. “Eventualmente no va a haber clientes para la red eléctrica porque nunca se ocuparon de modernizar la red eléctrica”.

La semana pasada, el gobierno de Puerto Rico anunció el primer desembolso de fondos federales para la reconstrucción: 7,1 millones de dólares.

Puerto Rico adjudicó el año pasado un contrato de 15 años a LUMA para operar el sistema de transmisión y distribución y encargarse de su reconstrucción, con el argumento de que una empresa privada lo haría mejor que la PREPA, una de las dos mayores empresas públicas de electricidad de Estados Unidos. Mientras la PREPA está en quiebra —tiene una deuda de 9000 millones de dólares—, Puerto Rico le paga a la nueva empresa una cuota fija anual de 115 millones de dólares.

El gobernador Pedro R. Pierluisi dijo que el nuevo contrato fue establecido con el compromiso de reducir el número y la duración de los apagones. Pero el contrato suscitó críticas desde el principio, ya que algunos analistas señalaron que LUMA no enfrentaría penalizaciones si no promovía ahorros y tarifas más bajas.

LUMA asumió el control en junio, y sus máximos responsables dijeron que estaban preparados para enfrentar a un huracán de categoría 2 (ninguno ha impactado a la isla este año). Casi inmediatamente comenzaron los grandes apagones. Los clientes consideran que la empresa tardaba en responder a sus quejas. Algunos trataron de arreglar la red por sí mismos, lo que hizo que LUMA tuviese que advertir sobre esos peligrosos intentos.

Wayne Stensby, director ejecutivo de LUMA, dijo en una entrevista en junio que la compañía había puesto en marcha un nuevo sitio web y una aplicación para ofrecer un mejor servicio al cliente, también abrió centros de atención telefónica en la isla y planeaba una serie de otras mejoras, incluida la modernización de la flota de vehículos.

Culpó de la racha inicial de problemas a una acumulación de apagones, un ciberataque y la resistencia de algunos trabajadores de la PREPA antes del traspaso del 1 de junio, incluyendo un bloqueo para evitar que LUMA accediera a algunos equipos. Algunas líneas eléctricas, añadió, seguían con los arreglos improvisados que se hicieron después del huracán, en los que las cuadrillas de trabajadores restauraron la electricidad atando las líneas a los árboles en vez de usar los postes.

Stensby dijo en una audiencia en el Congreso este mes que arreglar el maltrecho sistema llevará tiempo. La empresa ha despachado la mitad de las solicitudes de energía solar atrasadas —algunas de ellas con dos años de antigüedad, dijo— y tiene un lote de 65 proyectos iniciales por valor de unos 2800 millones de dólares que espera comenzar el próximo año.

“El sistema eléctrico de Puerto Rico es posiblemente el peor de Estados Unidos y lo ha sido durante mucho tiempo, incluso antes de los devastadores huracanes de 2017”, dijo Stensby. “Aunque la transformación está en sus primeros días, tenemos muchas razones para ser optimistas”.

Los trabajadores de PREPA tuvieron que volver a postularse a sus puestos de trabajo, un acuerdo al que su sindicato se opuso. Aproximadamente una cuarta parte de los trabajadores se transfirieron finalmente a la nueva empresa, lo que generó preocupaciones entre los críticos por la posibilidad de que la fuerza laboral no tenga la experiencia necesaria para lidiar con la red obsoleta de Puerto Rico.

En los primeros días de la transición, una explosión y un incendio en una subestación eléctrica principal dejaron sin una gran cantidad de energía.

“Veintiséis horas después, pudimos restablecer el servicio a todos esos clientes”, dijo Stensby. “Pudimos demostrar nuestra capacidad y responder rápidamente al suceso”.

Pero los registros archivados por LUMA de junio a agosto muestran que los apagones duraron en promedio más que el año pasado con la PREPA: más de cinco horas, en comparación con menos de la mitad de ese tiempo en los mismos meses de 2020 (en Estados Unidos, la duración promedio de esos incidentes es de 82 minutos). Stensby dijo en la audiencia del Congreso que el sistema seguía siendo precario y que los clientes no informaron de sus cortes a la PREPA porque no esperaban que la empresa de servicios públicos respondiera.

Los legisladores puertorriqueños han exigido saber exactamente cuántos trabajadores de línea ha empleado LUMA. La PREPA ha tenido históricamente unos 800. Stensby dijo en la audiencia de este mes que LUMA tenía alrededor de 900, pero no especificó cuántos tenían experiencia previa en Puerto Rico, aparte de decir que una gran parte de ellos sí.

Los legisladores también han preguntado cuántos ejecutivos de LUMA ganan sueldos superiores a 200.000 dólares al año. La empresa se ha negado a responder, a pesar de que el Tribunal Supremo de Puerto Rico le ordenó hacerlo.

Juan Declet-Barreto, científico social sénior para la vulnerabilidad climática en la Unión de Científicos Preocupados, forma parte de una coalición que ha instado al gobierno de Joe Biden a retener los fondos federales utilizados para pagar a LUMA a menos que se añadan salvaguardias al contrato y se ajuste mejor a los objetivos políticos de la Casa Blanca de promover las energías renovables y proteger los derechos de los trabajadores. De lo contrario, los fondos serán desperdiciados, dijo Declet-Barreto.

“Y cuando venga otro huracán, no tiene que venir un huracán categoría 5… con una tormenta tropical se queda la mitad de la isla sin luz”, dijo.

Para los puertorriqueños agotados como Vega, que luchan con los cortes de luz, la presión política sobre los servicios públicos es bienvenida pero insuficiente. A ella le parece que nadie asume la responsabilidad de su comida estropeada, de la reparación de su refrigerador, de sus trabajos escolares perdidos mientras cursa una licenciatura en línea y del miedo que siente su hijo cada vez que se va la luz.

“Mi vecino, un viejito que vive solo, se encierra porque le da miedo”, dijo. “Yo le doy velas”.

Dice que cuando pueda comprarse una casa, espera instalar paneles solares.

Por ahora, planea tener una bolsa de hielo en su congelador, por si acaso. Su casero le pidió que consuma menos energía. Ella pone el aire acondicionado solo unas horas cada dos días.

Y cuando sale del apartamento, se asegura de desenchufar la computadora, la televisión, la lavadora y el refrigerador.

Edmy Ayala colaboró con reportería desde San Juan, Puerto Rico.

Patricia Mazzei es la jefa de la corresponsalía en Miami, que cubre Florida y Puerto Rico. Antes de unirse a The New York Times, era redactora de política en The Miami Herald. Nació y creció en Venezuela. @PatriciaMazzei | Facebook

Edmy Ayala colaboró con reportería desde San Juan, Puerto Rico.

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