Yahoo Noticias El sexenio en que el Ejército se volvió dueño de México y nadie se quejó
Es innegable que la corrupción es un problema que debe combatirse en México. Esta realidad fue convertida por Andrés Manuel López Obrador, durante su campaña en busca del poder, en la premisa de su discurso.
El discurso de campaña de López Obrador decía que barrería la corrupción, que terminaría con la “Mafia del Poder”, que cancelaría al Ejercito, porque no estamos en guerra ni somos un país bélico y pondría fin al Estado Mayor presidencial ya que a él, lo cuida el pueblo.
De sus dichos de campaña solo cumplió, estructuralmente hablando, con la desaparición del Estado Mayor Presidencial, que en la realidad lo sigue cuidando, pero vestidos de civil.
Fortalecimiento institucional
Destaca la conducta de López Obrador, contraria a su discurso de propaganda, en la relación que mantiene con el Ejército y la Marina Armada de México. La realidad, necia como es, le enseñó que necesita de las fuerzas armadas para mantener el control de la nación. Le hacen falta para combatir a la delincuencia organizada, que prospera en una extensa porción del territorio nacional. Para ello propuso la creación de la Guardia Nacional, que en realidad tiene como base a elementos del Ejército y la Armada.
Al empezar su función institucional la Guardia Nacional le resolvió el problema migratorio en las fronteras norte y sur del país, que amenazaba con crear un conflicto de mayor tamaño por las amenazas arancelarias del presidente de Estados Unidos Donald Trump.
Del Culiacanazo, al agravio militar
La “afinidad” del presidente López Obrador con las fuerzas armadas se incrementó a partir de la captura y liberación inmediata de Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo" Guzmán, de lo que el gobierno quiso responsabilizar al coronel Juan José Verde Montes, jefe del grupo antidrogas del Ejército, por haber “actuado sin autorización de sus superiores”. De inmediato, la Sedena aclaró que él no participó directamente en la operación de Culiacán, sino que la coordinó desde la Ciudad de México.
El episodio es conocido como el Culiacanazo. Generó el descontento de algunos altos mandos de las fuerzas armadas. Ante cientos de generales retirados, el general Carlos Demetrio Gaytán Ochoa cuestionó las “decisiones estratégicas” del gobierno y atribuyó a la jerarquía castrense “la muy alta responsabilidad de mantener cohesionado al país, coadyuvar a su pacificación a la brevedad posible y de hacerlo todo con el menor costo social y la mayor eficacia. Nos sentimos agraviados como mexicanos y ofendidos como soldados”.
Sin mencionar al presidente, ni su mando de las fuerzas armadas, Gaytán Ochoa dijo que la legitimidad del Ejecutivo le había permitido tomar decisiones estratégicas, que no convencían al Ejército.
El descontento de los altos mandos motivó que el presidente López Obrador, en redes sociales, advirtiera sobre el riesgo de un “golpe de Estado” en su contra y dijo que era “inmune a un golpe de Estado porque lo respalda una mayoría ciudadana”.
“¡Qué equivocados están los conservadores y sus halcones! Pudieron cometer la felonía de derrocar y asesinar a Madero… Aunque son otras realidades y no debe caerse en la simplicidad de las comparaciones, la transformación que encabezo cuenta con el respaldo de una mayoría libre y consciente, justa y amante de la legalidad y de la paz, que no permitiría otro golpe de Estado.”
El general Cienfuegos regresa a casa
El gobierno del presidente López Obrador fue sorprendido con la detención del general Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa Nacional, en el gobierno de Enrique Peña Nieto. La Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) lo detuvo en el aeropuerto de Los Ángeles, acusándolo de tener nexos con el narcotráfico, lavado de dinero y otros. Fue trasladado a Nueva York.
Al principio de esta captura el presidente López Obrador dijo que esa captura era muestra de la corrupción del pasado. Posteriormente cambió su discurso y manifestó su indignación por no haber sido informado de la investigación por el gobierno de los Estados Unidos y cuestionó la actividad de las agencias de seguridad extranjeras en México.
Un mes después el Departamento de Justicia se desistió. “Estados Unidos ha determinado que consideraciones importantes y sensibles de política exterior pesan más que el interés del gobierno en continuar el juicio del defendido”.
Por esos días se comentó en algunos medios que el Ejército demandó la intervención del presidente López Obrador para que fuera regresado el general Cienfuegos. Se dijo que, sin su apoyo, su gobierno se desequilibraría lo mismo que la seguridad nacional y Estados Unidos, tendría un problema en su “patio trasero”.
La hermandad del Ejercito se expresó al demandar la intervención del presidente para liberar a uno de los suyos. Su actitud equivale al recordatorio de que ellos obedecen al Jefe Supremo, pero le recordaron que la lealtad es un camino de dos vías. También es un poder dentro del Estado.
La cooptación del Ejercito y la Marina Armada
En el primer tercio del gobierno del presidente López Obrador lo que se ve es un avance consistente del Ejercito y la Armada en el cumplimiento de las funciones que les asigna su Comandante Supremo. No solo es el dinero que reciben, son las actividades que desempeñan, reservadas en la Constitución a los civiles, lo que les da acceso a más recursos provenientes de otras fuentes financieras, y mete a los mandos del Ejército y la Armada al desempeño de funciones financieras y de negocios, que marginan al sector empresarial, con el argumento del presidente de que ahorran y son eficientes.
Al Ejército y la Armada el presidente López Obrador les ha encomendado, además de sus funciones de seguridad pública, realizadas por medio de la Guardia Nacional, la entrega de libros de texto, el traslado de insumos médicos para el combate de la pandemia, la construcción de bases de la Guardia Nacional y sucursales del Banco del Bienestar.
Construyen y administrarán el Aeropuerto “Felipe Ángeles” en Santa Lucia, a su cargo está la construcción de algunos tramos del Tren Maya y, cuando se termine, recibirán las utilidades que genere, para su aplicación a las pensiones de los militares.
Por mandato presidencial Ejército y Armada se hicieron cargo de las aduanas del país y los puertos marítimos, respectivamente. Las Islas Marías pasaron a cargo de la Marina que las convertirá en un centro vacacional.
Seguridad asignatura pendiente peligro latente
Es evidente que el Ejército y la Armada están ocupados en múltiples actividades, mientras, según el jefe del comando norte de EEUU, Glen VanHerk, entre el 30 y 35% del territorio mexicano está controlado por el crimen organizado.
Es un hecho que el presidente López Obrador ha hecho del Ejercito y la Armada sus mejores aliados para gobernar, pero los eventos de violencia que se registran en diferentes entidades del país implican que la seguridad pública y nacional, son asignatura pendiente que no está bien atendida en la “mesa de seguridad” con la que inicia su actividad diaria el presidente.
El estilo personal de gobernar de López Obrador demanda obediencia absoluta y quienes no han estado de acuerdo han optado por renunciar.
La presencia de las instituciones castrenses en la vida pública del país es interpretada como un proceso de militarización de México, lo que preocupa en el contexto de lo que se considera la cooptación de los altos mandos, que podría desembocar en la observación de lealtades a López Obrador y no a la Nación, como mandan los códigos que rigen la conducta del Ejercito y la Armada.
El escenario se presenta como contradictorio para un gobierno que dice que es de izquierda. Hasta ahora nadie ha levantado la voz. El peligro es latente ante el creciente avance castrense hacia el poder. ¿Cuánto falta que para que lo tengan totalmente?
Para 2024 este será un entuerto que deberá deshacer el gobierno que llegue al poder. Veremos entonces si Ejército y Armada quieren dar un paso atrás.
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