La red de prestanombres en las minas de Coahuila y la venta de carbón a la CFE

En los pozos mineros del municipio de Sabinas, Coahuila, como el que se inundó este miércoles 3 de agosto, y donde quedaron atrapados diez trabajadores, se extrae carbón que llega a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), pero no por compra directa, sino a través de prestanombres y de la venta a compañías que están registradas como proveedoras de esta empresa pública.

Miguel Riquelme, gobernador de Coahuila, aseguró que el pozo donde ocurrió el siniestro está a nombre de Cristian Solís Arriaga, pero que generalmente estos pozos se concesionan, se rentan y hay distintas situaciones que se deben investigar.

“Estamos interrogando tanto a trabajadores como supuestos propietarios de estos pocitos de carbón”, dijo en entrevista para Milenio Televisión.

Cristina Auerbach, directora de la organización Familia Pasta de Conchos, mina en donde quedaron atrapados 65 mineros en 2006, confirmó a Animal Político que quien aparece como dueño de la mina donde ocurrió el siniestro el miércoles 3 de agosto es Cristian Solís.

“Él es un muchacho de 26 o 27 años que no tiene propiedades, no tiene recursos y él es el que registra a los trabajadores (ante el IMSS) a título personal, así de informal es esto; y se hace así justo para que si pasa una desgracia, como ya pasó, le echen la culpa a él, que ni concesión tiene”.

En efecto, Cristian Solís no tiene ninguna concesión minera. Al menos no aparece como titular de ninguna en los registros de la Dirección General de Minas de la Secretaría de Economía.

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El lote donde se ubica la mina se llama Las Conchitas Fracción Norte y este está registrado a nombre de la empresa Minera Río Sabinas. Pero en la tarjeta donde se registran los movimientos de venta o traspaso de los títulos mineros, aparece como el titular actual, la Cía Minera Pinabete, que está en la lista de las que tienen contratos con CFE para la venta de carbón.

“Es un mecanismo perverso el que se usa para que este carbón que se extrae de los pocitos llegue a la CFE sin que se le pueda culpar. Las concesiones están a nombre de una persona, registra otra a los trabajadores en el IMSS, esa le vende a una empresa y la empresa le vende a la Comisión Federal de Electricidad; después, si pasa algo, culpan a los prestanombres”, señala Auerbach.

Por eso es que CFE puede salir a decir que no está comprando carbón de estos pozos, mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador se parapeta en decir que lo importante es rescatar a los mineros.

“Se escudan en lo inmediato y mandan un montón de personas y equipos, que no van a hacer nada, porque los rescates los hace la misma gente de aquí. Envían perros y buzos que no van a poder entrar, porque no es agua lo que hay ahí, sino lodo con carbón. ¿Cuánto se gastan en todo eso? ¿Por qué no mejor lo ocupan en regular bien todas estas minas y en inspeccionarlas?”, dice Auerbach.

Pozos mineros en Coahuila

Para Auerbach, el siniestro en el pozo ocurrido en Las Conchitas Fracción Norte, ocurrido el miércoles 3 de agosto, no fue un derrumbe.

En los pozos de carbón, de acuerdo con lo que marca la NOM-034 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, se deben hacer orificios cilíndricos con un barreno (una especie de taladro enorme que hace los hoyos, extrayendo el material sólido perforado) para asegurarse de que no hay agua o gas cerca.

Frente a la pared de carbón que se va quitando, hay que hacer varias de estas perforaciones de hasta diez metros en varios puntos para ver si detrás no hay agua o gas. Lo que marca la normativa es que se deben hacer estos barrenos, se avanza dos metros y se deben volver a hacer, para siempre tener estos diez metros entre una posible bolsa de gas o agua, explicó Auerbach.

“Esto seguro no se hizo en el pozo, los trabajadores se fueron acabando esa pared de protección, se les rompe y entra el agua, y no es agua limpia, es un lodo espeso de carbón con tierra que arrastra todo”, dijo la activista.

La activista acusa que la STPS no hace las inspecciones correspondientes para asegurarse que se están siguiendo las normas de protección para los trabajadores.

“Hasta hace dos años a mí se me reconocía como experta en la materia y podía ir a las inspecciones, ahora ya no me lo permiten y no se están haciendo”.

Auerbach precisa que la región carbonífera tiene unos 15 mil kilómetros, hay alrededor de 50 minas y la STPS solo tiene dos camionetas para hacer las inspecciones.

“No tienen recursos y por eso dicen que no tenía denuncias, por eso no la inspeccionamos, pero no es obligación de los defensores ni de la sociedad estar vigilando a estas minas, es obligación de ellos, de la autoridad”.

La STPS anunció en un comunicado que la mina tenía operando desde enero y que no tenían ninguna denuncia sobre accidentes o inseguridad en la operación.

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